TRENTON – El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que una ex secretaria del  State of New Jersey fue sentenciada a la prisión hoy por falsificar expedientes de empleo para colectar fraudulentamente más de $82,000 en beneficios de asistencia del gobierno a los cuales ella no estaba calificada.

Tonia Ramaza-Williams, 40, de Willingboro, fue sentenciada a 3 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior Timothy P. Lydon en Mercer County. Ella admitió culpabilidad en Nov. 28 a un cargo en segundo grado de robo por tomar ilegalmente. Ramaza-Williams era la secretaria principal del Mercer North Local Office del Department of Children and Families, Division of Child Placement and Permanency. Ella tuvo que renunciar a su trabajo y debe reembolsar la cantidad completa de $82,769.

Los Deputy Attorneys General Mallory Shanahan y Brian Faulk procesaron a Ramaza-Williams de parte de la Division of Criminal Justice Corruption Bureau. El caso fue investigado por el  New Jersey State Police Official Corruption Bureau. La investigación empezó con una referencia de la Mercer County Board of Social Services.

La investigación reveló que Ramaza-Williams remitió 5 fraudulentos Notices of Disciplinary Action a la Mercer County Board of Social Services (MCBSS) pretendiendo ser su empleador, el Department of Children and Families (DCF). Ella también remitió 6 cartas falsas pretendiendo ser de DCF indicando que en múltiples ocasiones ella fue suspendida, degradada de su rango y de tener su salario reducido.  En realidad, ella solamente fue suspendida una vez, en Noviembre del 2008, su rango nunca fue bajado, nunca fue reducido su salario, y durante todo el tiempo relevante recibió un ingreso que le permitió beneficios de servicios sociales. Como resultado de la información fraudulenta y documentos que ella remitió, Ramaza-Williams, desde el 2009 al 2013, recibió un total de $14,998 en beneficios del programa federal Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), $16,968 en beneficios de la Temporary Assistance for Needy Families (TANF), $42,156 de Medicaid, y $8,647 en beneficios de Emergency Assistance de  MCBSS a los cual ella no tenía derecho. Los robos de MCBSS totalizaron $82,769. Durante los años en cuestión, el salario de Ramaza-William vacilaba entre $40,000 a $50,000.

“Esta acusada sin reparos mintió acerca de su ingreso subvencionado por los contribuyentes para robar beneficios de asistencia del gobierno que estaban reservados para aquellos que los necesitaban de verdad,” dijo el Attorney General Porrino. “La sentencia de prisión manda el mensaje que tenemos tolerancia cero para esta clase de fraude, especialmente cuando envuelve a los empleados públicos.”

“Trabajamos juntos con las agencias de servicio para asegurarnos que los ofensores que roban de los fondos de programas de asistencia del gobierno son severamente procesados por sus crímenes” dio el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Urgimos que cualquiera que sospeche robos a los beneficios del gobierno se pongan en contacto confidencialmente con la Division of Criminal Justice.”

“El complot fraudulento de la señorita Ramaza-Williams no solamente se aprovechó del Sistema designado para ayudar a las más pobres familias, sino también es una bofetada a aquellos que desesperadamente están buscando ayuda,” dijo el Colonel Rick Fuentes, Superintendent de la  New Jersey State Police. “Los esfuerzos sin descanso de los detectives del Official Corruption Bureau pararon un esquema el cual defraudó a más de $82,000 de los beneficios fundados por el estado.”

El Attorney General Porrino y el Director Honig anotaron que el Division of Criminal Justice Corruption Bureau ha establecido una línea gratis Corruption Tipline 866-TIPS-4CJ para que el público reporte corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales confidencialmente. El público también puede hacerlo yendo al sitio web de la Division of Criminal Justice en www.njdcj.org para reportarlo confidencialmente.

El Attorney General Porrino encomendó a los Deputy Attorneys General Shanahan y Faulk y a los detectives del New Jersey State Police Official Corruption Bureau por su trabajo en el caso. El Attorney General Porrino también le dio las gracias a la Mercer County Board of Social Services por referir el caso para ser investigado.

Los Abogados Defensores
Josue Jean Baptiste, Esq., y Adam Rosengard, Esq., Jean Baptiste & Associates LLC, Clifton, N.J.

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