TRENTON – El Fiscal General Grewal se ha unido a una coalición de 18 Fiscales Estatales Generales en un esfuerzo para impedir que el Gobierno de Trump bloquee arbitrariamente a inmigrantes que buscan asilo en los Estados Unidos por razones de violencia doméstica o terrorismo de pandillas en sus países de origen.

En un escrito amicus interpuesto en el Tribunal de Distrito de Los Estados Unidos en el Distrito de Columbia, El Fiscal General Grewal y sus compañeros Fiscales Generales argumentan que el Gobierno ha hecho caso omiso a décadas de política federal y leyes impuestas por los tribunales que protegían a aquellos que pedían asilo y que eran perseguidos en sus países de origen debido a su género, etnicidad, o por alguna otra característica personal.

Nueva Jersey consistentemente acoge a un porcentaje alto de asilados en relación a otros estados. A más de 3,000 personas que actualmente viven en Nueva Jersey se les otorgó asilo entre los años del 2012 al 2016, y el estado ocupa lugar únicamente detrás de California, Nueva York y Florida en cuanto al porcentaje de todas las personas que acoge a las cuales se les ha otorgado el asilo.

“La política insensible del Gobierno de cerrar las fronteras Estadounidenses a los refugiados que buscan asilo debido a temores legítimos a ser perseguidos, abusados físicamente o asesinados en sus países de origen debe ser impugnada, “dijo el Fiscal General Grewal. “No es solamente errónea y cruel esta política, sino que pasa por alto décadas de leyes ya asentadas sobre este asunto. Hay aquellos que buscan asilo – muchos de ellos mujeres y niños – viviendo peligros que ni siquiera podemos imaginar. Se enfrentan a amenazas de tormento y tortura a diario – y peor. Al solicitar asilo literalmente están huyendo por sus vidas, y es nuestro deber defenderlos.”

Un escrito amicus fue interpuesto el viernes en el caso de Grace v. Sessions (Acción civil No. 18-1853 [EGS]). Los demandantes en el caso incluyen principalmente a mujeres y niños de Centro América quienes solicitaron asilo en los Estados Unidos por violencia doméstica y persecución violenta por parte de las pandillas en sus países de origen.

Los demandantes alegaron – al igual que han alegado con éxito solicitantes de asilo en el pasado—que los gobiernos en sus países de origen ni están dispuestos ni pueden protegerlos de dichos peligros.

Las leyes Estadounidenses proveen que los inmigrantes pueden solicitar asilo en Estados Unidos “debido a un temor fundamentado a la persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular o por su opinión política.”

En junio el Procurador General de Los Estados Unidos Jeff Sessions expidió una decisión que cambió la política federal para en lo general excluir “solicitudes de asilo para extranjeros que estén relacionadas con la violencia doméstica o violencia por parte de pandillas llevada a cabo por actores no gubernamentales”. La decisión de Sessions además ha hecho más difícil que los solicitantes de asilo el puedan probarle a un oficial de asilo que tienen un temor creíble a la persecución.

La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y el Centro Para Estudios de Género y Refugiados entablaron una demanda para impedir que la nueva política entrara en vigencia.

El escrito que fue presentado el viernes alega que la reversa a la política por parte del Gobierno de Trump es dañina porque:

• Las víctimas de la violencia doméstica y de la violencia relacionada con las pandillas merecen la protección de los Estados Unidos: El escrito hace notar que en los países iguales a aquellos de los cuales huyeron los demandantes, la violencia y la violencia relacionada con las pandillas predominan y que el huir de ese tipo de violencia constituye una razón legítima para pedir asilo.
• Las mujeres y los niños en lo principal son los que sufren por la violencia doméstica. El escrito nota que aunque ambos los hombres como las mujeres pueden sufrir daños relacionados con su género, tales como la violencia doméstica, son las mujeres y sus hijos los que sufren principalmente. Aunque las leyes estatales, federales, e internacionales han reconocido este daño, la nueva política del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de manera ilegal no hace caso a este hecho.
• El limitar la inmigración causa danos a los estados: El escrito nota que el limitar la inmigración daña a la economía y el bienestar de los estados amici (amigos). Por ejemplo uno de cada seis trabajadores en los Estados Unidos es un inmigrante. Además los inmigrantes tienden a buscar tener sus propios negocios en mayores cantidades que la población en general.

La presentación amicus está encabezado por La Oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia. Además de Nueva Jersey, se le han unido los Fiscales Generales de California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Maine, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

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