TRENTON – El Fiscal General Gurbir S. Grewal hace un llamado al Gobierno del Presidente Trump para preservar una norma general que fue promulgada hace tres años para combatir la segregación residencial y promover la vivienda justa en las comunidades locales.

En una carta que fue enviada el lunes al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) el Fiscal General Grewal se unió a otros Fiscales Generales en hacer un llamado a HUD para que no cancelara su propia norma Vivienda Afirmativa Adicional y Justa (AFFH por sus siglas en inglés).

Las normas de AFFH fueron promulgadas en el 2015 para fomentar prácticas de Vivienda Justa y promover la integración en la vivienda al requerir que los pueblos y ciudades examinen los patrones históricos de segregación y formulen planes para combatirla para poder seguir recibiendo fondos federales. Bajo dichos reglamentos, a las jurisdicciones se les requería demostrar al llevar a cabo una evaluación a la ley AFFH – que tenía que ser repasada y aprobada por HUD – cómo sus propuestas de planes para desarrollar viviendas ayudarían en aminorar la segregación conforme a la raza o grupo étnico y lograrían aumentar el acceso a la vivienda justa.

Comenzando en enero de este año, HUD paró de implementar la regla AFFH, primero al suspender todo requerimiento en el reportaje de dicha regla, luego al poner un paro a sus revisiones a los informes AFFH presentados por las diferentes jurisdicciones.

“La norma de HUD del 2015 fue algo que fomentó grandes cambios porque, por primera vez, se les responsabilizó a las comunidades locales con tener que tratar con el problema de la segregación étnica y racial en una forma que se podía medir,” dijo el Fiscal General Grewal. “Ahora el gobierno federal está abdicando su responsabilidad bajo la ley de promover afirmativamente las metas de vivienda justa.”

New Jersey es la cede de la Ley Contra la Discriminación (LAD por sus siglas en inglés) leyes originalmente promulgadas en 1945 y que aún se consideran entre las leyes estatales más completas de la nación. La ley LAD prohíbe, entre otras cosas, la discriminación étnica, racial, religiosa y cualquier otro tipo de discriminación al vender o rentar una propiedad.

Además, Nueva Jersey, bajo la doctrina Mount Laurel del Tribunal Supremo Estatal por mucho tiempo ha intentado asegurar oportunidades de vivienda justa y a costo razonable para todos sus residentes.

Sin embargo, encuestas a la población han demostrado que Nueva Jersey sigue siendo uno de los estados más segregados residencialmente en los Estados Unidos.

“Como corresponde a un estado que promulgó una de las leyes de derechos civiles más antigua y extensa de la nación, Nueva Jersey tiene un largo historial de promover la igualdad en vivienda.” Dijo el Fiscal General Grewal, “Sin embargo, la segregación en la vivienda es un problema polifacético que perdura, y es esencial que el gobierno federal cumpla con su parte. Urgimos a HUD que no cancele la norma AFFH.”

Liderada por California, la carta que fue enviada por múltiples estados el lunes alega que la norma AFFH del 2015 tiene el potencial para transformar la obligación del FHA para promover afirmativamente la vivienda justa como una forma de “encaminar a la nación hacia un camino repleto de comunidades más integradas y presentando mayor acceso a oportunidades para nuestras comunidades más vulnerables.”

La carta expone que HUD debe retractar sus esfuerzos para deshacer la norma AFFH, y también exhorta que cualquier revisión o cambio a la regla retenga múltiples “puntos principales” que hacen que la norma del 2015 sea efectiva.

Entre los elementos clave que debe retener, hace notar la carta, se encuentra la condición que HUD otorgue fondos a cambio de la presentación de un informe aceptado de AFH que logre satisfacer un “proceso de revisión estandarizado y completo,” y que contenga un análisis detallado de obstáculos locales a las metas de vivienda justa.

Al igual, indica la carta, cualquier revisión o cambio que se efectúe a la norma actual deberá proveer el monitoreo necesario para asegurar que los objetivos de las comunidades locales – tales como las decisiones de los comités de zonificación locales – no presenten un obstáculo a las opciones de vivienda justa.

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