TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal se unió anoche a otros 19 estados en apoyo a la demanda que alega que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés), en contravención a la ley, ha estado negando el acceso al asilo a personas a lo largo de la frontera sur del país.
El escrito—interpuesto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California– se opone a la «Política Turnback», según la cual los agentes de la CBP presuntamente procuran evitar que los inmigrantes soliciten asilo. En el escrito, el Estado explica que tales prácticas ilegales obligan a los solicitantes de asilo a languidecer en la frontera bajo condiciones inhumanas.
«En un momento en que Nueva Jersey ha estado tendiendo puentes con la comunidad inmigrante, el gobierno federal ha estado haciendo todo lo que puede para mantener fuera a los solicitantes de asilo», dijo el fiscal general Grewal. «No es solamente el muro fronterizo: La Administración ha estado negando a los inmigrantes solicitantes de asilo acceso a la frontera sur, inclusive en puertos de entrada establecidos. Estados Unidos se enaltece más como país cuando le da la bienvenida a los refugiados, no cuando les da la espalda. La «Política Turnback» de la Administración, que mantiene a los solicitantes de asilo fuera por medio de la tergiversación e intimidación, es errónea e ilegal».
La demanda promovida por los estados aduce que las tácticas de los agentes del CBP incluyen falsedad, amenazas e intimidación, coerción, abuso e inclusive «conteo»— entendido como la práctica de poner límites artificiales diarios al número de solicitantes de asilo autorizados de cruzar la frontera. La demanda alega que los agentes han estado rechazando a los solicitantes de asilo en puertos de entrada al decirles que no hay más capacidad para ocuparse de ellos, que los Estados Unidos ya no ofrecen más asilo y/o que se llevarán a sus hijos a menos que abandonen su objetivo.
Nueva Jersey recibe constantemente un alto porcentaje de solicitantes de asilo. Más de 3.000 personas que viven actualmente en el estado fueron beneficiadas con el asilo entre 2012 y 2016, lo cual sitúa al estado detrás únicamente de California, Nueva York y Florida, en términos de porcentaje de todas las personas beneficiarias de asilo.
El escrito multiestatal acota que la vasta mayoría de los refugiados que fueron devueltos provienen de una de las regiones más violentas del mundo – el llamado «Triángulo del Norte» que conforman los países de América Central. Los traumas de estas personas — incluyendo las que vivieron en sus travesías hacia los Estados Unidos— se exacerbaron por el tratamiento recibido bajo la «Política Turnback».
«Las imágenes e historias son nefastas», explica el escrito. «Los niños que agonizan en la frontera se están enfermando, no están acudiendo a la escuela, y las familias no están recibiendo los servicios básicos sociales y de salud que los estados hubiesen provisto — si no hubiese sido por esta Política—, incluyendo tratamientos de salud mental». Igualmente, sus familiares residentes en Estados Unidos «sufren de angustia debido a la incertidumbre en la que se encuentran sus familiares solicitantes de asilo ya que se encuentran en un limbo en la frontera».
La demanda judicial se suma a los actuales esfuerzos del fiscal general Grewal de proteger los derechos de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes. Otras acciones han incluido:
- Presentación de una demanda el lunes retando la declaración de emergencia del presidente Donald Trump. Los 16 estados involucrados desafían los esfuerzos del presidente de disponer de billones de dólares federales que estaban inicialmente programados para la construcción de proyectos militares y para apoyar el trabajo de los agentes del orden público en la interceptación de drogas, para destinarlos, en su lugar, a la construcción del muro a lo largo y ancho de la frontera sur del país.
- Presentación de una demanda este verano pasado que retó las políticas federales de orden público del gobierno, incluyendo su práctica «cruel e ilegal»de separar familias a la fuerza. (En última instancia, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva para formalizar el fin de la política de separación de familias).
- Intervención en un caso dilucidado en un tribunal federal de Texas para proteger el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés) y derrotar exitosamente la acción judicial preliminar de ese estado en agosto de 2018 – la cual garantiza que los «soñadores» puedan continuar participando en el programa de DACA en este momento.
- Participación en otros múltiples escritos legales que se oponen a los esfuerzos del gobierno federal para recortar el otorgamiento de asilo, incluyendo el apoyo a personas que huyen de la violenta persecución de las pandillas en sus respectivos países de origen.
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