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6 demarzo de 2019

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Fiscal General Grewal: Nueva Jersey se suma a la demanda contra la regulación federal que restringiría el acceso a la atención médica y la planificación familiar
La querella argumenta que la regulación limitaráel acceso al cuidado médico para familias de escasos recursos
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TRENTON -- El fiscal general Gurbir S. Grewal anunció hoy que Nueva Jersey participa en una demanda multiestatal que procura bloquear una nueva regulación federal que limita el acceso a la atención médica y a los servicios de planificación familiar a millones de personas y familias de escasos recursos al imponer una multitud de nuevas restricciones al programa del Título X.

El Título X dispone de más de USD 286 millones de fondos federales para apoyar diversos servicios de atención médica vital en Nueva Jersey y en toda la nación, que incluyen los servicios de salud reproductiva y orientación psicológica a cuatro millones de mujeres. En Nueva Jersey, los proveedores de asistencia médica financiados por el Título X, son una parte esencial de la situación actual de los cuidados médicos que han servido a cerca de 100.000 pacientes y prevenido más de 19.000 embarazos prematuros en 2017.

«La tentativa de la Administración Trump de limitar el acceso a la atención médica crítica y a los recursos de planificación familiar es insensata e inadmisible», dijo el gobernador Phil Murphy. «Las familias de Nueva Jersey de escasos recursos cuentan con el Título X para recibir atención médica primaria crítica y preventiva. Por ello, proveer el acceso a estos servicios es esencial para la construcción de una Nueva Jersey más fuerte y justa. Apoyo completamente al fiscal general Grewal y su iniciativa de impugnar esta regulación en los tribunales», añadió el gobernador.

 «Nueva Jersey está orgullosa de apoyar a los prestadores de servicios de atención médica amparados en el Título X, a los pacientes que estos atienden y a la amplia coalición de otros estados que objetan una regulación que pone la atención médica de las mujeres y de personas de escasos recursos en riesgo con fin de promover una agenda ideológica», dijo el fiscal general Grewal. «Lucharemos para proteger el acceso de nuestros residentes a la atención médica reproductiva de alta calidad y a los servicios de planificación familiar», añadió.

«Las nuevas regulaciones del Título X impulsadas por la Administración Trump son miopes, antiéticas y están enraizadas en ideologías políticas en vez de criterios sobre la atención de salud con base en la prueba», dijo el Comisionado de Salud, Dr. Shereef Elnahal.

«Doctores, enfermeras y otros proveedores deberían poder hablar honesta y abiertamente con sus pacientes acerca de todas las opciones de cuidados médicos y, estas nuevas regulaciones violan esa relación sagrada entre proveedor-paciente en lo que concierne a la salud de la mujer», dijo el Dr. Elnahal. «Estoy orgulloso de que el fiscal general y Nueva Jersey estén respaldando los derechos fundamentales de los pacientes y de los proveedores», agregó.

La demanda que fue interpuesta en el Distrito Judicial de Estados Unidos en Oregón sostiene que la nueva regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) impone «restricciones innecesarias y onerosas» que reducen el acceso a la atención médica, interfiere en la relación paciente-proveedor y desestima la intención del Congreso que promovió el Título X hace casi 50 años. Entre otros perjuicios, la acusación alega, que la nueva regulación «censura» ilegalmente ciertos proveedores de atención médica financiados por el Título X, al prohibirles prestarle a las pacientes embarazadas «orientación psicológica no directiva» respecto a todas las opciones legales relacionadas con sus embarazos.

La orientación psicológica no directiva incluye las estipulaciones de «información neutral, objetiva, precisa y completa sobre la atención médica prenatal y el parto, atención infantil, acogida temporal, adopción y aborto».

El resultado neto de la regulación, según alegan los estados demandantes, es que muchos proveedores no estarán «dispuestos a participar en un programa que compromete sus criterios médicos y éticos». Esto erosionará, en consecuencia, la calidad del cuidado médico disponible en el Título X y reducirá «drásticamente» el número de proveedores de alta calidad que trabajan en centros sanitarios financiados por el programa.

La demanda multiestatal, liderada por Oregón, y Nueva Jersey se suma a 18 estados más y el Distrito de Columbia. Entre los otros estados participantes se cuentan: Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Pensilvania, Vermont, Rhode Island, Virginia y Wisconsin.

La querella argumenta que la Regulación Final del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos obliga a los beneficiarios del Título X a tomar una opción insostenible: ignorar la regulación, perder el financiamiento del Título X o aceptar mandatos federales inoportunos que restringen el acceso a la salud e imponen límites inconstitucionales a la conversación entre los proveedores de atención médica y sus pacientes. En cualquier caso, la demanda alega que, un programa federal crítico diseñado para servir como resguardo de la atención médica neta para millones de personas en todo el país, incluidas muchas familias y mujeres que viven en el borde de la línea de pobreza o por debajo de esta, están seriamente comprometidas.

Específicamente, los servicios críticos de planificación familiar financiados por el Título X sufrirán debido a que surgirán amenazas importantes a la salud pública y los embarazos no deseados podrían aumentar, entre otros perjuicios.

Entre los servicios de atención médica provistos por las clínicas financiadas por el Título X están los exámenes preventivos para la mujer, tamizajes salvavidas de cáncer de mama y cervical, anticoncepción, educación anticonceptiva, así como pruebas y tratamientos para infecciones de transmisión sexual, incluido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Además de los alegatos relacionados con la regulación que en esencia limita a los proveedores de atención médica, la demanda que impone ilegalmente barreras «arbitrarias e irracionales» para la atención médica integral al prohibir remisiones para realizarse abortos, independientemente de las opiniones profesionales de los proveedores de atención médica, las necesidades o los deseos del paciente, y de requerir la estricta separación financiera y física entre cualquier programa de Título X y algún otro centro que preste servicios de aborto. (Conforme a la regulación, el proveedor debe tener como mínimo, salas de espera y de examinación separadas, entradas y salidas de los consultorios, números telefónicos, dirección de correo electrónico, servicios educativos, sitio web, empleados, registros de atención médica electrónicos o en papel y cubículos.

En uno de los apartados de la demanda que se refiere específicamente a Nueva Jersey, la Liga de Planificación Familiar de Nueva Jersey (NJFPL en inglés), una organización sin fines de lucro es actualmente el único garante en todo el país que presta servicios federales de planificación familiar. Por más de 44 años, explica la demanda, la NJFPL ha gerenciado un sistema de agencias subreceptoras que prestan servicios de planificación familiar de calidad a los residentes de Nueva Jersey. De acuerdo con la querella, el Título X de la NJFPL dispuso de USD 8,8 millones para el año fiscal 2017-2018, que ayudó a sostener «uno de los sistemas existentes más grandes para proveer atención médica preventiva» en Nueva Jersey y prestó mayormente servicios a pacientes que viven muy bien por debajo del nivel federal de pobreza.

La Liga de Planificación Familiar de Nueva Jersey provee actualmente financiamiento del Título X a 10 agencias subreceptoras en Nueva Jersey.

Esas agencias subreceptoras prestan servicios de planificación familiar y de salud reproductiva a 47 centros de servicio en 21 condados, incluidos nueve condados que se benefician de los servicios prestados por cada clínica financiada según el Título X. Los centros de servicio incluyen afiliados de Planificación Familiar (Planned Parenthood, en inglés), un departamento de salud del condado, una agencia hospitalaria y otros proveedores comunitario sin fines de lucro.

Esas agencias subreceptoras proveen planificación y servicios de salud reproductiva en 47 sitios de servicio a través de los 21 condados, incluidos cada uno de los nueve condados que reciben servicios financiados por el Título X. Los centros de servicio cubren a los afiliados a Planned Parenthood, un departamento de salud de condado, una agencia hospitalaria y otras de tipo comunitario, y proveedores sin fines de lucro. La demanda alega que los pacientes que no pueden continuar recibiendo servicios de planificación familiar en clínicas financiadas por el Título X, podría no tener acceso a servicios en otras partes «debido a la distancia, la barrera lingüística, y a la preocupación por la confidencialidad», entre otros factores.

«Menos proveedores significa mayor tiempo de espera, que a su vez conlleva a demoras en la atención médica y más oportunidades para el aumento de embarazos no deseados, el virus de Inmudeficiencia Humana (VIH) y de enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pasan indefectibles y/o sin tratamiento», apunta la demanda. También se señala en la demanda que otras preocupaciones sanitarias que pueden poner un embarazo en riesgo, incluyen el cáncer, la diabetes y otros padecimientos, que pueden no ser diagnosticados o quedar desatendidos si se implementa la regulación de la HHS.

Las Deputy Attorneys General Kimberly Cahall y Elspeth Faiman Hans y el Fiscal General Auxiliar Glenn J. Moramarco representan el estado de Nueva Jersey en este asunto.

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