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26 de septiembre del 2019
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Fiscal General Grewal lucha por DACA ante la Corte Suprema de EE.UU.
El informe recurre a los éxitos legales anteriores que logró Nueva Jersey en obstaculizar el esfuerzo de suspender DACA, liderado por Texas
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TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal, obrando en pro de los miles de Dreamers de Nueva Jersey, interpuso hoy un informe ante la Corte Suprema de EE.UU. con el fin de defender la legalidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés), e indicó la carencia de fundamento jurídico en los argumentos del gobierno federal a favor de rescindir el programa. El informe recurre al exitoso litigio en 2018 que impidió la suspensión inmediata de DACA por parte de una coalición liderada por Texas.

El programa DACA, estipulado en 2012, señala que aquellos inmigrantes que vinieron a EE.UU. durante su infancia cuentan con la posibilidad de permanecer en el país si cumplen con ciertos criterios y renuevan sus solicitudes cada dos años. Se estima que unas 53,000 personas que califican para DACA residen en Nueva Jersey, así como más de 17,000 recipientes activos de DACA.

Cinco años más tarde, en 2017, la administración de Trump decidió rescindir DACA, basándose en el alegato de que el programa DACA en sí era ilícito. Los tribunales federales han dictado de manera consistente que dicha base era incorrecta, y por ende, la decisión de rescindir DACA era ilícita.

El informe judicial de Nueva Jersey, presentado en asociación con el Fondo Mexico-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, siglas en inglés) explica que el programa DACA ciertamente es legal. Tanto Nueva Jersey como MALDEF intervinieron con éxito en 2018 a fin de derrotar la impugnación jurídica, liderada por Texas, que pretendía suspender DACA. El informe presentado ante la Corte Suprema resalta las importantes evidencias documentadas desarrolladas en el caso que llevan en curso, y que respaldan la conclusión de que DACA manifiesta un ejercicio completamente legítimo de facultad discrecional.

«Ya sea que se trate de un tribunal distrital en Texas o de la Corte Suprema de Estados Unidos, iremos a dónde nos lleve la lucha por preservar DACA y respaldar a nuestros Dreamers», indicó el fiscal general Grewal. «No se trata de ningún ejercicio catedrático, sino de vidas y familias y futuros reales. Los Dreamers forman una parte vital del tejido social, económico y cultural de nuestro estado, y contamos con evidencia que invalída todas las razones que el gobierno federal tiene para suspender DACA. Al realizar esta diligencia, nos aseguramos que la Corte Suprema también cuenta con dichas evidencias».

El argumento central que el gobierno federal presentó ante la Corte Suprema indica que DACA se trataba de un ejercicio de autoridad por el presidente Obama que carecía de fundamento constitucional. Un tribunal federal de apelaciones obstaculizó un programa de la era Obama conocido como Acción Diferida para Padres de Estadounidenses basándose en dicho fundamento, antes de que entrara en vigor. Sin embargo, los partidarios de DACA (así como el informe interpuesto hoy día por el fiscal general Grewal) afirman que las dos situaciones son distintas, y que todo esfuerzo por vincularlas se basa en una «premisa errónea».

Entre otros argumentos que respaldan la noción de que DACA no representa un sobrepaso de la autoridad ejecutiva, el informe de Nueva Jersey afirma que DACA no elimina la discreción que tiene el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés), sino que proporciona «directivas legítimas a la agencia».

El informe asevera de igual manera que «el memorando de DACA se trata de…un ejemplo paradigmático de una declaración política general: cumple con clarificar la manera en que una agencia investida con discreción planifica utilizar dicha facultad, y confirma que los agentes aún tienen la autoridad de decidir cada caso a título individual». El informe cita documentos oficiales, manuales de capacitación, testimonios, y hechos consumados sobre el terreno para respaldar sus conclusiones.

Unos 16,000 recipientes de DACA en Nueva Jersey, aproximádamente, cuentan con empleo, y más de 900 de ellos son propietarios de sus propios negócios; unos 7,800 asisten a la escuela, unos 5,600 prosiguen un pregrado, o un posgrado, o un grado profesional, y más de 12,500 cuentan con un hermano/a, o cónyuge o hijo/a que es ciudadano/a estadounidense.

El fiscal general Grewal ha mencionado que el desmantelamiento del programa DACA podría tener un efecto «catastrófico» en Nueva Jersey y a lo largo del país.

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