TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal interpuso unos comentarios el día de hoy, en los que pidió a la administración de Trump que abandonara una norma propuesta por medio de la cual se incorporarían demoras dramáticas en el proceso de emitir solicitudes de permisos laborales a solicitantes de asilo, y también se prohibiría que otros solicitantes de asilo obtengan cualquier clase de permiso laboral.
En la actualidad, los individuos que soliciten asilo pueden solicitar un permiso laboral, o « Documento de Autorización de Empleo » (EAD, por sus siglas en inglés), en caso de que sus solicitudes hayan estado en trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) por un período de 150 días como mínimo. Sin embargo, la norma propuesta requeriría que los solicitantes de asilo esperen unos 365 días a partir de la fecha de recepción de su solicitud de asilo por USCIS antes de que soliciten una autorización laboral. Como mínimo, dicha propuesta duplicaría el tiempo en que los individuos solicitantes de asilo deben esperar hasta que se les autorice para comenzar a trabajar legalmente.
En una carta dirigida a los oficiales de USCIS, el fiscal general Grewal señaló, junto con los fiscales generales de los estados de California y 18 otros estados así como del Distrito de Columbia, que dicho tiempo de espera prolongado « empujará a los solicitantes de asilo hacia la economía clandestina, obstaculizará su capacidad de cuidar a sus familias y a sí mismos, y perjudicará su salud y su bienestar ». Los estados sufrirán también, ya que miles de residentes solicitantes de asilo no tendrán la capacidad de trabajar legalmente, lo cual impactará de forma negativa a las empresas y a los ingresos fiscales del estado; a su vez, ésto significa que se recurrirá a los programas subsidiados por el estado para que salven la situación de subsistencia y cuidado médico relativa a solicitantes de asilo y sus familias en aprietos.
« Uno de los compromisos más antiguos y respetados de nuestro país es proporcionar un puerto seguro a los solicitantes de asilo que huyen de la persecución, pero esta administración ha intentado reducir dichas protecciones en repetidas ocasiones », dijo el fiscal general Grewal. « Esta última norma evitaría que los solicitantes de asilo consigan sin demora un permiso para trabajar en los Estados Unidos. Qué injusto es eso para los solicitantes de asilo, quienes desean mantener a sus familias, y es malo para los estados, quienes acogen a los solicitantes de asilo como miembros productivos de nuestras economías, y va en contra de los valores que todos estimamos. Me enorgullece liderar la lucha contra esta propuesta ».
« Esta miope norma aumenta el riesgo de que los solicitantes de asilo se vean obligados a operar en la economía clandestina, donde patrones sin escrúpulos les pueden pagar mal y obligar a trabajar en condiciones poco seguras », señaló Robert Asaro-Angelo, Comisionado de Trabajo de Nueva Jersey. « La norma afecta a nuestra economía de forma negativa al privar al estado de impuestos laborales provenientes de trabajadores legales, y sitúan en una posición de desventaja competitiva a los empleadores en busca de una fuerza laboral confiable. Me siento orgulloso de los esfuerzos continuos que Nueva Jersey realiza para oponerse a esta desacertada norma ».
« Esta última propuesta por la administración de Trump, enfocada en los solicitantes de asilo, desafía la arraigada tradición estadounidense de ayudar a aquellas personas en busca de protección », indicó Carole Johnson, Comisionada de Servicios Humanos de Nueva Jersey. « No tiene sentido crear mayores dificultades a los solicitantes de asilo a la hora de encontrar trabajo. Nueva Jersey es un estado acogedor, en el que se valoran y reconocen las contribuciones a nuestra economía y nuestra fuerza laboral que hacen los inmigrantes. Esta norma propuesta demoraría, sin necesidad alguna, la posibilidad de que los solicitantes de asilo trabajen y logren una mejor posición financiera. La campaña que realiza la administración de Trump contra los solicitantes de asilo está equivocada, y continuaremos resistiéndola ».
Además de incorporar nuevas demoras en el proceso de permisos laborales, la norma propuesta prohibiría que ciertas clases de solicitantes de asilo obtengan cualquier clase de autorización laboral. Entre las clases de inmigrantes a quienes aplicaría dicha prohibición figuran las personas que entraron o intentaron entrar a Estados Unidos en ubicaciones no consideradas como puertos legítimos de entrada. La norma propuesta también expande el universo de motivos permisibles para básicamente rechazar la solicitud de permiso laboral de un/a solicitante de asilo, y coloca nuevos límites en el período máximo de permisos de autorización laboral que finalmente se concedan.
Al pedirle a la administración que deseche sus rigurosísimos cambios propuestos, la carta explica que a menudo se obliga a los refugiados a abandonar sus pertenencias mientras huyen de la persecución en sus países de orígen. La carta también menciona que, como si dicha pérdida fuera poco, las propias estadísticas del gobierno federal señalan que es posible que los solicitantes de asilo gasten más de $9.000 en tan solo llegar a la frontera estadounidense. Por lo tanto, es de importancia primordial que ellos cuenten con la capacidad de trabajar legalmente mientras experimentan retrasos en el sistema de solicitud de asilo.
Asímismo, la carta menciona que se ha documentado el problema de hambre infantil en las familias solicitantes de asilo, y que « hay una razón sensata relacionada a tal situación: los inmigrantes cuentan con ingresos limitados o inexistentes, y lo único que hará la norma propuesta es empeorar el problema ». La carta también explica que esta norma propuesta llevará a que los solicitantes de asilo encuentren trabajo en la economía clandestina, lo cual significa que « habrá menos probabilidades de que ellos reporten infracciones laborales y de derechos civiles ». A su vez, aquella situación causará mayores dificultades en que los estados « protejan a sus residentes contra el hurto de salarios, explotación, y discriminación laboral ».
La carta afirma que la norma propuesta constituye una « agresión » contra la Ley de Refugiados de 1980, y que varios aspectos de la norma « chocarían de plano » con el texto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. Asimismo, en la carta se explica que la propuesta violaría la Ley de Procedimiento Administrativo.
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