TRENTON -- El fiscal general Gurbir S. Grewal se unió, el día de hoy, a una coalición de 23 fiscales generales que demandaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) debido a una nueva norma que da marcha atrás a las protecciones federales contra la discriminación en el cuidado médico para mujeres, individuos de la comunidad LGBTQ, y a personas con dominio limitado del inglés, entre otros.
La demanda, que fue interpuesta en el Tribunal Distrital Federal en Nueva York, pide la anulación de la normativa, la cual HHS finalizó en junio. La norma pretende implementar la Sección no. 1557 de la Ley de Atención Asequible (la primera ley federal de derechos civiles que ampliamente prohíbe la discriminación en el cuidado médico), la cual prohíbe la discriminación contra individuos debido a su raza, color, origen nacional, sexo, estado de incapacidad, o edad. Pero en vez de implementar la Sección no. 1557, la norma despoja a varios grupos protegidos de derechos importantes.
La demanda asevera que la nueva norma (finalizada durante la pandemia global debido a COVID-19) « impondrá obstáculos injustificados a poblaciones vulnerables a la hora de conseguir cuidado médico, en un momento en que el acceso al cuidado médico es más importante que nunca ».
« En ningún momento deberían darse incidentes de discriminación en el cuidado médico, pero la decisión que tomó el gobierno federal en eliminar las protecciones antidiscriminatorias durante una pandemia significa que, posiblemente, los residentes de Nueva Jersey se encararán a mayores riesgos de salud », señaló el fiscal general Grewal. « La carga de esta norma recaerá más pesadamente en las poblaciones ya menos atendidas, a las cuales se les dificultará aún más obtener tratamiento médico rutinario, así como intervenciones para salvar vidas. Por medio de nuestra impugnación a esta norma, defendemos a nuestros residentes contra el nuevo esfuerzo del gobierno federal actual para desmantelar las protecciones de la Ley de Atención Asequible ».
La norma, publicada por HHS en junio de 2020, elimina las protecciones antidiscriminatorias que HHS estableció en una norma adoptada en 2016.
En aquella época, HHS reconoció que la discriminación en el contexto del cuidado médico « a menudo puede conllevar a una atención médica, o seguro médico u otra cobertura médica individual que sea deficiente e inadecuada, y empeorar las desigualdades médicas actuales en las comunidades de menores recursos ». Es posible que las personas que se enfrentan a discriminación eviten buscar cuidado médico, trayendo resultados adversos para la salud pública, así como costos médicos más altos con relación a la demora o denegación de cuidado médico.
HHS halló en 2016, en particular, que existían pruebas significativas sobre discriminación en curso en el cuidado médico (además de los efectos nocivos a individuos y al público) que sufrían personas transgénero, mujeres, individuos con dominio limitado del inglés, y personas con incapacidades, y se describió en detalle la obstaculización generalizada y discriminatoria que dichos grupos se enfrentaban a la hora de recibir un cuidado médico adecuado.
A manera de abordar dichos problemas y cumplir con el mandato antidiscriminatorio de la Ley de Atención Asequible, la norma de HHS de 2016 detalló las obligaciones, por parte de los proveedores de cuidado médico y las entidades aseguradoras, hacia las personas transgénero, hacia los individuos que solicitan atención médica reproductiva, hacia personas con dominio limitado del inglés, y hacia personas con incapacidades.
Ciertas disposiciones claves de la normativa de 2016 pusieron en claro que el mandato antidiscriminatorio de la Ley de Atención Asequible aplica ampliamente a todos los proveedores y aseguradores médicos que reciben ayuda financiera del gobierno federal; la normativa clarificó que la prohibición antidiscriminatoria de la ley en base a sexo incluye discriminación en base a identidad de género, a estereotipos sexuales, y a condiciones relacionadas al embarazo; se detallaron las obligaciones de las entidades cubiertas hacia los individuos transgénero; se establecieron requisitos precisos de acceso lingüístico a fin de garantizar que las personas con un dominio limitado del inglés tengan acceso no discriminatorio a servicios médicos; y se estableció un esquema uniforme de cumplimiento relacionado a toda forma de discriminación prohibida por la ley.
La nueva norma finaliza una propuesta del año pasado para eliminar o acortar dichas protecciones. Bajo la nueva norma de HHS, a los proveedores de cuidado médico y a las compañías aseguradoras les resultará más fácil denegar atención y cobertura, respectivamente, a individuos transgénero y a mujeres que busquen tratamiento por embarazo. Según lo contempla la normativa de 2016, las personas con un dominio limitado o no existente del idioma inglés ya no tendrán derecho a servicios de asistencia lingüística. Y las personas con incapacidades se verán afectadas, ya que, bajo la norma, se eximirá a ciertas entidades de toda obligación de proveer ayuda y servicios auxiliares.
Entre otras cosas, la nueva norma se deshará de una porción de la normativa de 2016, en la que se define discriminación « en base a sexo » a fin de incluir la discriminación basada en identidad sexual, estereotipos sexuales, y condiciones relativas al embarazo. Al remover dichas protecciones, la nueva norma se halla directamente en conflicto con el fallo reciente de la Corte Suprema, en el caso de Bostock v. Clayton County, que determinó que toda discriminación basada en la orientación sexual de una persona y su condición transexual, son formas de discriminación sexual que prohíbe la ley federal de derechos civiles.
El fiscal general Grewal figuró entre los fiscales generales que, en agosto de 2019, presentaron comentarios de oposición a los cambios efectuados por la nueva norma, y en abril de 2020, pidió a HHS que revocara su propuesta debido al efecto dañino que causaría durante la pandemia de COVID-19.
La demanda interpuesta el día de hoy argumenta que HHS ha ignorado ilícitamente los numerosos efectos nocivos que la nueva norma impondrá sobre las poblaciones vulnerables. Se aduce asimismo que HHS incumplió en justificar la razón por la que la nueva norma abandona la política federal anterior, la cual, entre otras cosas, prohibía la discriminación en el entorno de cuidado médico, y requería que las entidades médicas proveyeran servicios significativos de asistencia lingüística a individuos con dominio limitado del inglés, incluyendo avisos sobre sus derechos a la prestación de servicios de traducción e interpretación.
Las siguientes jurisdicciones acompañan al Estado de Nueva Jersey como demandantes en la acción interpuesta el día de hoy: California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Wisconsin. Los fiscales generales Xavier Becerra de California, Maura Healey de Massachusetts, y Letitia James de Nueva York encabezan la demanda.
Los siguientes fiscales generales adjuntos, así como el fiscal general auxiliar Mayur P. Saxena, representan al Estado de Nueva Jersey en este asunto: Marie Soueid, John Passante, y Melissa Medoway.
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