Marcus A. Mullings, Jr. y Talia Stephen-Mullings, ambos de Fort Lee, y Jessie Sanders, de West Orange, a través de su compañía MVP Home Solutions LLC y sus asociados, cargaron considerables pagos mensuales para ajustamiento de débito, consultación de ejecución hipotecaria y otros servicios, que no preformaron, según la Complaint (Denuncia) puesta en la Core Superior de Bergen County.

“Alegamos que estos acusados descarados explotaron a los dueños de casa que se estaban ahogando en deudas de hipotecas y desesperadamente querían salvarlas; cargándolos con hasta $1,625 por mes a cambio de servicios que nunca fueron proveídos,” dijo el Attorney General Porrino. “En vez de ayudar a los dueños de casa en sus crises financieras, estos acusados se alega hicieron la situación de estas personas mucho peor y más morosos en sus pagos de hipoteca cuando no rindieron los servicios, y el dinero se podía haber aplicado al pago de éstas.”

“Para la mayoría de los dueños de casa, la amenaza de la ejecución hipotecaria (foreclosure) y la perspectiva de perder lo que probablemente es su más valiosa posesión, es un tiempo de estrés y miedo,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Tomando esta acción, estamos reforzando nuestro empeño de proteger a los dueños de casa de Nueva Jersey para que no sean víctimas y no caigan presa de estafadores como estos.”

“Como reguladores estamos tomando seriamente la protección de los consumidores como parte de nuestra misión y no toleraremos actividad sin licencia que daña financieramente a los trabajadores en apuros de Nueva Jersey que van a estos individuos en busca de ayuda,” dijo Richard J. Badolato, Commissioner del New Jersey Department of Banking and Insurance.

Mullings, Stephen-Mullings and Sanders, y sus compañías - MVP Solutions LLC, Stay In or Walk Away LLC, SIHOWA LLC, y Sanders & Associates, LLC, - están nombrados como acusados en una Complaint de 9 cargos que alega numerosas violaciones del Consumer Fraud Act del Estado, las Advertising Regulations, el Debt Adjuster Act, el Foreclosure Rescue Fraud Prevention Act, las Foreclosure Consultant Regulations, el Financial Institutions’ Advertising Act, y las Financial Institutions’ Advertising Regulations.
 
De acuerdo a la Complaint, los acusados no estaban licenciados por el Department of Banking and Insurance (“DOBI”), como es requerido por la ley, para actuar como Debt Adjusters o Foreclosure Consultants en su anuncios y operaciones de servicios de ayuda de hipoteca a dueños de casa que se enfrentaban con la perspectiva inminente de la ejecución hipotecaria. Haciendo negocios como MVP Home Solutions y otras compañías, los acusados cargaron a los consumidores con cargos considerables mensuales, pero no tomaron las acciones necesarias de parte de los dueños de casa, dice la Complaint. Bajo la ley de New Jersey, solamente las compañías sin fines de lucro se pueden licenciar para preformar servicios de ajuste de crédito como negociar con un banco concerniendo la hipoteca de un dueño de casa, y solamente ciertos profesionales licenciados están permitidos a proveer consejo de servicios de foreclosure.

La Complaint alega que los acusados engañaron y mal guiaron a los consumidores a través de anuncios y venta de presuntos servicios ofrecidos en tres programas:

• El programa “Stay in Your Home” (Quédese en su Casa) el cual cargaba a los consumidores con pagos mensuales de $995 a $1,625 a cambio de servicios prometidos que incluían reafirmación de defensa legal, negociación de la compra de la hipoteca a un descuento, y proveerles con una hipoteca nueva de menos costo. Bajo el programa, el 60 por ciento de los pagos mensuales tenían que haber sido acreditados al pago nuevo de la hipoteca, después de que se le diera una hipoteca nueva.

• El programa “Walk Away Free & Clear” (Váyase Libre y sin Cuentas) que cargaba a los consumidores con pagos mensuales nuevos de $995 a $1,625 a cambio de promesas de servicios que incluían reafirmación de defensa legal y negociaciones de las ventas de las casas y de sus préstamos de hipoteca (por ejemplo venta por deficiencia o de título de propiedad en vez de la ejecución hipotecaria).

• El programa “Stop the Sale Date” (Pare la Fecha de Venta) que cargaba a los consumidores $1,095 cuando firmaban, y $995 al mes después de un periodo de tiempo de hasta dos años, a cambio de la promesa de servicio de parar la inminente ejecución hipotecaria.

Los acusados tergiversaron los servicios que iban a preformar y falsamente dijeron que reafirmarían las defensas legales, emplearían herramientas de contabilidad forense y o utilizarían su pericia para presionar a los prestamistas a retardar los procedimientos de la ejecución hipotecaria o reducir la cantidad de la deuda de la hipoteca, según la Complaint. En realidad, los acusados solamente se ponían en contacto con los prestamistas de los consumidores cuando mandaban una carta de “cease and desist” (cesar y desistir), según la Complaint.

La Complaint adicionalmente alega que los acusados se involucraron en prácticas de comercio sin conciencia y otras violaciones de las leyes del estado y de las regularizaciones:

• No informaron por completo a los consumidores acerca de los programas en los que estos se habían enrolado.

• Diciendo, directamente o indirectamente, que ellos estaban actuando como consejeros o consultores, o de otra manera diciendo que estaban actuando de parte de los consumidores para proveer ajuste de crédito, consultores de foreclosure y u otros servicios relacionados al rescate de foreclosure, cuando eso no era el caso.

• Obteniendo Formularios de Autorización de Crédito y Divulgación de Privacidad de los consumidores, luego no obtener los reportes de crédito y evaluar las obligaciones financieras de los consumidores.

• Obteniendo el derecho de dueño de las casas de los consumidores por mucho menos del valor de mercado (por ejemplo $10) a través de la ejecución de un “Quit Claim Deeds” y bajo el disfraz de que eso era necesario para negociar la venta de las hipotecas con los prestamistas, o para completar un short sale o título de propiedad en vez de foreclosure.

• Diciendo en sus sitios web que cuando coleccionaban los pagos de los meses de los consumidores, ellos “no obtendrían un beneficio hasta que fueran exitosos,” cuando eso no era el caso.

• Diciendo en comunicaciones con los afiliados de ventas a los consumidores que “utilizando nuestro sistema usted se ahorrará decenas de miles de dólares que hubieran ido al pago de arriendo mensual, depósito de arriendo y costos de mudanza,” cuando eso no era el caso.

• Como parte del programa “Stop the Sale Date”, firmando el nombre de los consumidores y proveyendo direcciones falsas en peticiones de bancarrota pro se remitidas a la Bankruptcy Court.

• Remitiendo el proceso de bancarrota en nombre de un consumidor sin que este lo supiera o consintiera.

La Complaint pide restitución a los consumidores; la nominación de un liquidador, a costo de los acusados, para asumir control de sus bienes, dar un reporte completo y vender o trasladar tales dineros o propiedad a los afectados consumidores; reembolso de los costos y pagos de abogados; y multas civiles. El estado también pide la cancelación del Certificate of Formation in the State of MVP Home Solutions, SIHOWA, Sanders & Associates, y Stay in Or Walk Away; permanentemente prohíbe a los Mullings, Stephen-Mullings, y Sanders de administrar o ser dueño de cualquier organización de negocios en el Estado; y se le ha prohibido permanentemente a los acusados de anunciar, vender, y o preformar ajuste de débito, asesorar foreclosure y u otros servicios relacionados, incluyendo pero no limitado al programa “Stay in Your Home”, el programa “Walk Away Free & Clear”, y o el programa “Stop the Sale Date”.

Los investigadores Michelle Davis y Jared O’Cone de la Division’s Office of Consumer Protection condujeron la investigación.

El Deputy Attorney Russell M. Smith, Jr., de la Consumer Fraud Prosecution Section dentro de la Division of Law, está representando al Estado en esta acción.

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