Departamento de Asuntos Comunitarios inicia Programa Integral de Defensa y Remisión ante el Desalojo en todos los tribunales locales de Nueva Jersey

• Posted on: 06/27/2023

Este programa estatal brindará atención legal y asistencia social individual a familias de bajos ingresos en riesgo de desalojo

TRENTON, NJ – El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA, por sus siglas en inglés) anunció la puesta en marcha del Programa Integral de Defensa y Remisión ante el Desalojo (CEDD, por sus siglas en inglés) en todos los tribunales locales de Nueva Jersey. Con este Programa, se brindará acceso a las familias de bajos ingresos en riesgo de desalojo tanto a servicios legales como al apoyo de trabajadores sociales experimentados, conocidos como facilitadores de recursos, para una defensa integral contra el desahucio. El CEDD es un nuevo programa que permitirá propagar los exitosos programas piloto de prevención del desalojo que el DCA administró en 2021 y 2022.

«En un mundo pospandemia, donde las vulnerabilidades existentes de nuestras familias trabajadoras se han exacerbado por las cargas contraídas por vivienda, o han generado otras, el DCA ofrece una nueva manera de atender a los arrendatarios más vulnerables en Nueva Jersey», dijo la vicegobernadora Sheila Oliver, quien se desempeña como comisionada del DCA. «Las personas que enfrentan situaciones críticas necesitan un punto único y eficiente de apoyo inmediato. Me entusiasma que el DCA pueda proporcionar este recurso, así como que se fortalezca nuestra red de proveedores en todo el contexto de desalojos y prevención de la falta de vivienda».

Los facilitadores de recursos del Programa CEDD tienen experiencia en la prevención del desamparo, reubicación y pronto realojamiento, apoyo de servicios sociales, recursos de asistencia de alquiler e intervención en situaciones de crisis. Además, los facilitadores de recursos tienen acceso a asistencia financiera que puede usarse para ayudar a las familias en riesgo de desalojo como medio de afrontar emergencias, cubrir atrasos del alquiler o gastos de reubicación, y financiar la defensa legal de los arrendatarios.

Con el CEDD se amplía el número actual de 28 facilitadores de recursos a 48 facilitadores en los anteriores programas piloto. La contratación y gestión de los facilitadores de recursos son la responsabilidad de 13 agencias de servicios sociales asociadas al DCA mediante el Programa. Además, con el CEDD se aumenta el número de comunidades atendidas actualmente en tres ciudades, bajo los anteriores programas piloto, al acceso al servicio en todos los municipios a nivel estatal.

«La ampliación de la capacidad de prevención del desalojo a través de una red de intervención más extensa, más fuerte, así como más coordinada y diversa, permite convertirla rápidamente en una práctica más exitosa en la lucha contra el desalojo en todo el país», expresó Janel Winter, subcomisionada del DCA, quien se desempeña como directora de la División de Vivienda y Recursos Comunitarios del DCA. 

La atención en pares de facilitadores de recursos y de abogados en cada tribunal local requiere la coordinación de la admisión, detección y preparación de informes para que la recopilación y reporte de la información sobre cada familia sea uniforme, consistente y evite más daño u obstáculos para los usuarios de ese servicio. 

Durante los programas piloto que promovieron la expansión de la iniciativa del CEDD, el DCA examinó los datos que respaldan una intervención más integral y coordinada frente al desalojo con base en la remisión de las familias hacia otros recursos de ayuda. Por ejemplo, de los 5100 hogares atendidos con los programas piloto, más del 86 por ciento pudieron evitar ser desalojados y permanecieron en sus viviendas gracias a la asistencia brindada por los facilitadores de recursos y abogados que intervinieron proporcionádoles apoyo inmediato, ágil y coordinado que garantizó la defensa legal mientras se eliminaban las barreras a la asistencia con el alquiler.

Otros datos del programa piloto muestran que el ingreso anual medio de las familias asistidas era de $24,000; el 90 por ciento de las que fueron atendidas se consideraban «con cargas contraídas por la vivienda», y el 66 por ciento, «con fuertes cargas financieras». Las mujeres (mayomente, madres solteras) que fueron asistidas constituían más del doble del número de hombres que recibieron atención; y el número de las familias atendidas, que se identificaban como negras, afroamericanas o de color, era casi tres veces el número de familias que se identificaban como blancas, lo que refleja la tendencia del desalojo a nivel nacional. Además, el 15 por ciento de las mujeres que se enfrentan al desalojo se consideran como sobrevivientes de casos de violencia doméstica o de su pareja. También, es bastante frecuente que los arrendatarios convengan en acuerdos de desalojo con aprobación de los tribunales sin haber contado con representación legal o verificación de los atrasos del alquiler. Los programas piloto demostraron la capacidad de intervención coordinada e integral, ya que la solución inmediata de problemas por medio de fondos flexibles sirvió para la defensa contra el desamparo y para apartar a las familias del riesgo de desalojo.

El DCA emitió en enero la Solicitud de Propuestas (RFP) por licitación para el Programa CEDD con un plazo para presentar solicitudes hasta febrero. El DCA seleccionó 13 agencias de servicios sociales sin fines de lucro y tres proveedores de servicios legales. El CEED cuenta con $7.4 millones en dólares federales del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés), de los cuales $5.1 millones fueron asignados para los facilitadores de recursos y $2.3 millones, para servicios legales.

Aunque las solicitudes de desalojo en Nueva Jersey han disminuido en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, el riesgo de desahucio por atrasos en el pago del alquiler y de las facturas de servicios públicos es todavía elevado en comparación con los niveles nacionales. Se denota una estabilización en solicitudes de desalojo en áreas urbanas, pero un aumento en las comunidades suburbanas y rurales donde el acceso limitado a servicios de apoyo agrava la inestabilidad habitacional. En los condados de Essex y Hudson se dio la mayor proporción de solicitudes de desalojo a nivel estatal para 2022, seguida por los condados de Camden, Middlesex, Union, Passaic, Bergen, Burlington y Atlantic/Cape May. Por lo tanto, se asignó facilitadores de recursos en los tribunales locales.

A medida que el CEDD se ponga en marcha y que se incorpore a todos los proveedores, se ampliará el acceso compartido a la lista de proveedores por tribunal local junto con los materiales del Programa. Se estima que el DCA tendrá capacidad para atender a 15,000 hogares que enfrentan o están en riesgo de desalojo. La ejecución y supervisión del Programa está a cargo de la Oficina de Prevención del Desalojo (OEP, por sus siglas en inglés) del DCA.

La División de Vivienda y Recursos Comunitarios tiene el compromiso de fortalecer las comunidades locales a través de la entrega de viviendas asequibles y servicios de apoyo y de proporcionar asistencia financiera y técnica a los municipios, agencias de acción comunitaria y otras organizaciones sin fines de lucro en proyectos comunitarios y de desarrollo económico que mejoren la calidad de vida de los residentes, especialmente de aquellos que son vulnerables y de las minorías.

El DCA ofrece amplia gama de programas y servicios, incluida la administración y finanzas del Gobierno local, creación de vivienda asequible, seguridad contra incendios, seguridad en construcción, planificación y desarrollo comunitarios, recuperación y mitigación ante desastres, preservación histórica y privacidad de la información.

Para más información sobre el DCA, visite https://nj.gov/dca/ o siga al Departamento en las redes sociales: